La impunidad que ofrece la mafia judicial a ciertos políticos conservadores es el nudo gordiano de la galopante corrupción institucional que a estado viviendo por encima de nuestras posibilidades y consumiendo recursos y machacando el territorio con su urbanismo de saturación.
El linchamiento de Garzón y el Consejo General del Poder Popular
Las múltiples imputaciones de Garzón [3 admisiones de denuncia a un juez, seguidas y en menos de un año; lo nunca visto] son los tres actos de una estrategia de acoso y derivo y como un todo indisoluble lo trato. El arrogante franquismo judicial es muy diestro en lo que se refiere a la manipulación, que "sentencia" en tiempo récord [Una más], que separa las causas que afectan a Camps para mejor "absolverlo" y emprende campañas de acoso contra los jueces demócratas. Este modus operandi tienen un lado positivo para la justicia: como todo el mundo sabe quienes serán absueltos o sobreseidos el número de denuncias se reduce... y aunque la justicia también, parece que para Sus Señorías el beneficio supera el coste.
La persecución judicial a Garzón; un sainete divido en tres actos
Clama al cielo la disparidad de criterios del tinglado* político-judicial español; resulta que para investigar los crímenes de la dictadura no sirven ni las leyes españolas ni los acuerdos internacionales y se persigue con ensañamiento a quien lo intente, pero ir ha robar petróleo al golfo pérsico se puede justificar perfectamente mediante alusiones al Siglo VIII sin que ello le suponga ninguna consecuencia legal al facineroso.
*Un chiringuito judicial a sueldo de la mafia tardo-franquista, [Aparte de la lógica afinidad entre totalitarios, en un estamento tan gerarquizado como la judicatura los que ponen y quitan jueces, mandan en los jueces] que gracias a su ascendente sobre dicha judicatura ha engordado hasta monopolizar la economía española, pues si se sabe que siempre les buscaran, desde el juzgado y en contra del interés general, un resquicio administrativo para evitarles responsabilidades penales.
¿En que quedamos? En España se puede justificar el saqueo del golfo pérsico pretextando hechos con una antigüedad de 12.000 o 13.000 años ¿Pero no se puede ir ha buscar al abuelo a las cunetas en la que yace desde que los acólitos del terror del Rif le dieron el paseíllo?
Francamente; tener unos jueces incapaces condenar el totalitarismo o la toma del poder a mano armada y que al mismo tiempo son capaces de apoyarlos con actos judiciales de tan dudosa ecuanimidad como dar por prescritos los delitos de lesa humanidad, no proporciona certeza jurídica de ninguna clase, excepto la certeza impunidad que disfrutan los franquistas [totalitarios] que justifican el asesinato y los golpes de estado.
La judicatura de la patronal franquista
Desde la entrada en vigor del actual Código Penal, el 1 de enero de 1996, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo solo ha dictado 12 sentencias por prevaricación contra jueces [propias o en casación de sentencias de tribunales superiores de justicia] de las cuales, ocho fueron condenatorias. En ese periodo se presentaron un total de 5000 denuncias contra jueces españoles por el ejercicio de sus funciones, de las que se han admitido 57 a tramite y de ellas 3 denuncias 3 eran admitidas contra el juez Garzón.... ¿Por qué tantas y tan seguidas? Como no existen precedentes de una acumulación similar este ha sido un caso excepcional y en contra de toda la jurisprudencia existente... hasta ahora, que se han puesto nervios al verse con el culo al aire y se les ha ido la mano aceptando denuncias.
Mi teoría es que el franquismo judicial o rama judicial del franquismo se ha vengado de Garzón por haberle coartado la financiación a la rama político-empresarial del tardofranquismo, también conocida como Partido Popular; cuyo ideólogo jefe apelaba no hace mucho apelo al Siglo VIII para justificar sus negocios a mano armada, mientras a Garzón se le ataca diciendo que con sus reglas se podría juzgar los fusilamientos del 2 mayo de 1808... Hace 2 siglos.
Los denunciantes de Garzón
Antes les daban el "paseíllo" a los familiares [Madres, esposas, hermanas e hijos] de los "rojos" [Rojo es todo el que se queje del tradicional compadreo entre jueces españoles y los caciques de la derecha ibérica] y ahora son asesorados por el jueces de la audiencia nacional que instruyo el expediente para linchar a quienes no pueden aceptar el asesinato sistemático como acción política.
En los países civilizados la justicia los habría metido en la cárcel pero aquí, la judicatura los arropa; digo yo que si están orgullosos de lo que hizo y han podido denunciar en nombre de Franco, están aceptando la herencia; así que las asociaciones de la memoria histórica pueden denunciarlos a ellos por todas las desapariciones que se empeñan en perpetuar, la paralización de las búsquedas y exhumaciones es tachable a ellos y se les puede considerar cómplices de dichas desapariciones. Una de las primeras veces que le preguntaron a Camps por los trajes respondió: "Rojos". Que unido al: "Orgullosos de ser falangistas" de Manos limpias [Este nombre es como el de "Partido Popular", una estratagema para desligarse de su cruento pasado] constituyen, en mi opinión, un aviso a navegantes y si te paras a pensarlo, una amenaza aterrorizante.
CGPJ ¿Al que causa terror, como se le llama?
La justicia tiene el monopolio de la aplicación de la ley por tanto, cuando según quien la cometa se distrae hasta que prescribe, archiva sin leer el expediente o se niega a perseguir la corrupción; la esta promoviendo.
Las declaraciones de la portavoz del CGPJ, doña Gabriela Bravo es, dentro de ese estamento, fiel reflejo de la triste condición de la judicatura española y un caso de insólita sinceridad. La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defiende la decisión de no grabar en vídeo a Iñaki Urdangarin cuando declare en los juzgados de Palma y niega que todos seamos iguales ante la Justicia. La declaración del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, ante el juez que instruye el caso de presunta corrupción en el que está imputado, no se grabará ni se permitirá la toma de imágenes para preservar sus derechos fundamentales, explicó el viernes [10/02/2012] la portavoz del CGPJ.
La decisión de no tomar imágenes ni grabar la declaración "Es una decisión que habrá ponderado el juez. No todos los imputados son iguales, no todos los casos están sometidos a la misma presión mediática ni tienen la misma relevancia. No en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una persona", explicó Bravo.
Con razón don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez quiere que estas excelentísimas señorías decida quienes ocuparan los puestos clave de la judicatura; pues esta resulta la mejor manera de perpetuar la impunidad de los militantes corruptos del Partido Popular.
En mi modesta opinión; la justicia española solo conseguirá recuperar credibilidad perdida cuando los jueces conservadores, que han estado protegiendo y por tanto alentando la corrupción institucional, pidan perdón y entreguen las togas.
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Ernesto Contreras Cazaña
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